Una práctica educativa y científica
integral debe de tener al individuo como prioridad. Es en su nombre y beneficio
y en el de la comunidad toda a la que pertenece, que se debe apostar por una
política científica y educativa estratégica. En la tarea educativa se plasma la
amplia gama de conocimiento histórico que ha sido reunido por el esfuerzo de
educadores e investigadores comprometidos con la producción de conocimiento. La
educación se beneficia de la producción científica y esta tiene en la educación
su espacio natural de reproducción, de diseminación. En 1952, México fundó la UNAM y los
principios de lo que vendría a ser una política educativa superior, pública y
de calidad, y comprometida con la docencia, la investigación y la divulgación.
Y, sobre todo, al servicio de la Nación. Esto debe de continuar y nunca
detenerse, toda vez que la educación y la ciencia son el fundamento del
desarrollo de toda sociedad, tanto en el ámbito de lo humano, como de lo
económico y social. Son puntales para el desarrollo y consolidación de una
cultura científica y educativa, que son componentes de la cultura cívica de la
Nación. La universidad como cualquier institución científica, son pues, el
motor del progreso de todo país.
La
política científica se inspira en las diversas necesidades que el país tiene,
por explorar y develar lo que no existe en apariencia y de esto, todo lo concerniente
a lo desconocido estratégico para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto
de Nación. Y de este esquema no hay tema que puedan ser excluidos, desde los
derechos humanos, cambio climático, la comercialización de alimentos
genéticamente modificados, hasta la seguridad global integral o las
migraciones, entre las muchas temáticas de urgente atención científica. Además
de la profunda trascendencia que la producción científica tiene en sí para
robustecer la sabiduría de la nación en
los muchos temas y áreas de conocimiento nacional y universal que le son caras,
esta no debe de dejar espacios de la realidad nacional al margen de este empeño
a fin de presentar una agenda de innovación científica y tecnológica. Es por ello
que la realidad nacional es la que define en gran medida las necesidades y
modalidades de la práctica científica. La universidad pública y no menos la
privada deben comprometerse desde sus respectivas trincheras a incrementar los
esfuerzos a fin de lograr las metas que en un plan de desarrollo científico
coherente y de largo aliento, se establezcan.
Las
relaciones que se den entre el Estado y la Ciencia deben de ser el fundamento
práctico y sistemático para encauzar los propósitos de la práctica científica.
En la larga historia de la ciencia en México, que nos documentan, entre otros, Elías Trabulse (La historia de la ciencia en México) y Ruy Pérez Tamayo (El Estado y la ciencia en México),
apreciamos los altibajos que esta relación ha tenido, en parte por falta de
coordinación, pero principalmente por la falta de atención puntual que tanto la
ciencia pura como la aplicada debieron de haber tenido a través de las décadas
y deben de tener en el presente inmediato, tanto por el Estado como por los
actores económicos que se benefician del capital humando y del conocimiento que
el Estado les ha proveído históricamente en forma gratuita para beneficio de la
prosperidad de sus empresas. Esta suerte de subsidio estatal ha ido atenuándose
en la medida en que se la vinculado al sector empresarial en las iniciativas
compartidas con el Estado, todo lo cual no debe de terminar, sino tiene que
continuar, tal y como lo hacen en muchos países del mundo que han apostado por
producir también ciencia para el desarrollo; se me ocurre ahora mismo el caso
de La Fundación Alemana para la investigación Científica (DFG) y el Servicio
alemán de Intercambio académico (DAAD), los cuales han suscrito convenios de
inversión conjunta muy exitosos con el sector productivo, que se han traducido
en la consolidación de infraestructura humana y tecnológica que eventualmente
han repercutido en el crecimiento económico y en la posterior derrama de
recursos en el sector científico. Este es un círculo virtuoso que no se debe de
perder, a fin de lograr incrementar al menos a uno por ciento, la inversión
como porcentaje del PIB en Ciencia y Tecnología. Así, el futuro de la práctica
científica ya no puede depender del voluntarismo estatal o de la deliberada indiferencia
de este y del sector productivo. Y sobre esto está pendiente un debate y
consulta muy amplias entre la comunidad científica del país que sexenalmente ve
con incertidumbre qué tanto se afectará para mal el rubro de los recursos
estatales y mixtos para ciencia y educación.
Académico de la UNAM, Miembro
del SNI y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
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