La tiranía nicaragüense

Según fuentes periodísticas y ONG, Nicaragua tiene actualmente 155 presos políticos, de los cuales, 37 son opositores directos al régimen. En su mayoría, estos presos políticos han sido abandonados a su suerte y recluidos en condiciones infrahumanas por el régimen tiránico de Daniel Ortega, quien busca un quinto mandato y cuarto consecutivo. De entre el grupo de los 37 opositores se encuentran siete precandidatos presidenciales, que de esta forma han sido silenciados y marginados del proceso electoral. Los nombres de estos precandidatos son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes se encuentran en prisión bajo la acusación de “traición a la patria”, modalidad que se desprende de los cambios constitucionales que impuso Ortega con el apoyo del FSLN. Las cifras de encarcelamiento en Nicaragua se originan en 2018 (145 presos), cuando se vivió un levantamiento social que tuvo como consecuencia cientos de asesinados por el gobierno de Ortega. Al lado de estos siete aspirantes a la Presidencia, se encuentran empresarios, exfuncionarios y exguerrilleros sandinistas de renombre, entre otros.

Esta situación de facto tiene a ese país sumido en la peor crisis política desde los tiempos de la dictadura somocista. Además, esta literal cacería de “presos políticos” evidencia que continúa el patrón de detención y criminalización en contra de liderazgos políticos y de la sociedad civil. En la mayoría de los casos los excarcelamientos han devenido en exilio inevitable debido a la continuidad de la persecución política. El exilio nicaragüense ha crecido exponencialmente (se calcula en el orden de 100 mil nicaragüenses) y la sociedad se ha quedado sin liderazgos, manteniéndose Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, como los únicos visibles. Y ciertamente la comunidad internacional (con las excepciones obvias de Venezuela, Cuba y, desafortunadamente, México) los ha convertido en parias políticos al aislarlos y sancionarlos cada vez más. Dadas las condiciones represivas y la deriva autoritaria que Ortega ha escogido, podemos decir que este gobierno no se diferencia en nada de la dictadura somocista, que tan fieramente combatió el sandinismo, en gran medida encabezado por el propio Ortega. La regresión política impuesta por la dictadura nicaragüense ha hecho a ese país regresar al pasado en forma inclemente. Ésta es la razón por la cual los comicios que se desarrollarán hoy domingo 7 de noviembre son una auténtica farsa, ya denunciada por la Unión Europea, EU y otros actores internacionales de relevancia.

Cinco son los elementos que actores internos consideran como esenciales para fundamentar que el proceso electoral es una farsa. El primero es el de la cancelación de la observancia electoral, la que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, se negó a aceptar. A inicios de mayo, el Legislativo aprobó unas reformas donde anularon la observación electoral y desoyó las recomendaciones de la OEA al gobierno de Ortega. En esta reforma se cambió la observación electoral por el “acompañamiento electoral”, en suma, observación carente de contenido. El segundo punto es precisamente el de la represión y encarcelamiento de los opositores, a los cuales se arrestó por miedo a que el apoyo popular del cual gozan se tradujera en seria competencia en contra del dúo Ortega-Murillo. El número tres es que se impidió a los actores políticos –que quedaron libres– a realizar una campaña normal en tiempo y forma alegando la pandemia: el Consejo Supremo Electoral (CSE), también orteguista, redujo el periodo de campaña y ordenó que no se hicieran reuniones de más de 200 personas. El cuarto punto es que los Ortega se postulan como candidatos en medio de señalamientos de crímenes de lesa humanidad por las protestas cruentas de 2018. Y quinto y último, el gobierno de Ortega canceló la mayoría de los partidos de oposición. El 6 de agosto, de forma sorpresiva, se le canceló personalidad jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad, considerado el último frente cívico creíble. Meses antes habían eliminado al Partido de Restauración Democrática y al Partido Conservador, críticos férreos de los Ortega. Nicaragua va huérfana de opciones serias al proceso electoral y se perfila para consolidarse como una dictadura más entre el grupo selecto, pero ya algo disminuido de autocracias y de un perfil, quizás más decadente del que tuvo la dictadura somocista, hoy un potencial pálido acompañante del totalitarismo nicaragüense.