¿Se violan los derechos humanos en México?

 Si realmente no ocurriera que en México sí se violan los derechos humanos, se mata en caliente y hay ejecuciones sumarias, extrajudiciales (véase el caso de los cinco jóvenes acribillados por los militares en Nuevo Laredo), desapariciones forzadas, existe violencia rampante e imperante en el país y contubernios entre autoridades políticas y los grupos del crimen organizado, hay persecución contra la disidencia política y rechazo a la crítica legítima proveniente de la prensa y de la sociedad civil, a la cual se chantajea y se le descalifica con discursos incendiarios y se le exhibe en escenarios inquisitorios, entonces tendríamos que alarmarnos porque existan reportes categóricos al respecto, de organizaciones como Americas Watch, Amnistía Internacional, Artículo 19 e, incluso, otras instancias como Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y declararlos intervencionistas y violadores de la soberanía nacional, como acusa López Obrador. Lamentablemente estos reportes dicen muchas verdades, al tiempo que el obradorismo niega sus contenidos y, lo peor, no hace nada para proteger a la sociedad mexicana del flagelo de la inseguridad que padecemos hace cuatro años. No dudaría que el público mexicano le creyera más a estos reportes que a la narrativa negacionista del gobierno. La razón es que la desprotección que sufre la sociedad civil mexicana se vive en carne propia todos los días y debido a estos hechos. En consecuencia, estos reportes “intervencionistas” son la única salida real que tiene la sociedad civil ante su creciente inseguridad y exposición existencial, dada la desprotección que representa la política fallida en materia de seguridad del Estado mexicano.

En la última semana ha estado a debate en Estados Unidos esta política de seguridad, la cual es cuestionada por el ala más radical del legislativo estadunidense, pero también por el Departamento de Estado, cuyo titular ha llegado a afirmar, a pregunta expresa, que sería correcto declarar a los cárteles del crimen organizado en México como “terroristas”. Más aún, Antony Blinken, el secretario de Estado, en audiencia senatorial, llegó a aceptar lo que el Comando Norte estadunidense ya había advertido en meses pasados: que el crimen organizado controla buena parte del territorio nacional, ante la inacción de las autoridades y cuerpos de seguridad mexicanos. El Departamento de Estado ya había lanzado un comunicado en apoyo al INE y reprobado que el gobierno mexicano quisiera echar para atrás, con una propuesta de reforma electoral regresiva (hoy detenida por la SCJ), los avances democráticos que México ha tenido en los últimos veinte años. Por su parte, el reporte del Departamento de Estado sobre derechos humanos correspondiente a 2022 (2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico), denuncia que México carece de las garantías que un Estado de derecho tendría que proporcionar a la población. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y la existencia de una ola de violencia generalizada en todo el territorio nacional son similares a las que hacen las organizaciones ya mencionadas al inicio de este artículo. E, incluso, retoma algunos reportes que ha hecho la CNDH en México. Estos dos pronunciamientos se insertan en un contexto complicado para la relación bilateral (el tema que más ha estado presente en la discusión es el del tráfico de fentanilo de México a EU) y que ha sido motivo para las explosivas declaraciones de López Obrador, quien ha calificado al informe del “departamentito” (por Departamento de Estado) como un “bodrio”, todo lo cual ha denigrado el diálogo bilateral a niveles no vistos en más de veinte años. Es una tradición que este reporte se produzca desde los años 70 con el fin de evaluar qué países pueden ser depositarios de la ayuda económica que Washington facilita para promover programas de desarrollo en el exterior. El hecho de que este reporte se origine en EU no es la única explicación de que el Presidente se haya envuelto en la bandera y haya recurrido a la clásica narrativa soberanista y defensiva. Ya lo había hecho con los informes de otras organizaciones, reproducido en algunos medios de prensa. Su respuesta, lejos de solucionar el problema de fondo (la violencia galopante y la violación de los derechos humanos), agrava el estado de salud de una relación bilateral, que ha sido muy dañada por la acumulación de problemas y por la retórica venenosa que es resultado del complejo de inferioridad narcisista que padece AMLO, todo lo cual deteriora aún más la renovada mala imagen que México tiene en el mundo y que se ha agravado desde que López Obrador subió al poder.