Sin que sea aún posible afirmarlo con evidencias,
es probable que Obama haya decidido participar en la campaña por la presidencia
de México. Esto podrá elaborarse con mayor certeza en el seguimiento que
hagamos sobre el caso Yarrington y el de los cuatro militares retirados (tres Generales
y un Teniente Coronel, no poca cosa) que están bajo arraigo por 40 días desde
el pasado 22 de mayo. La acusación es de corrupción millonaria a cambio de colaborar
con los Zetas en los años noventa y, desde 2007 con los Beltrán Leyva,
respectivamente. Aunque la PGR ya ha procedido en los dos procesos, la
presencia de la DEA (y probablemente otras agencias) ha ido acompañando este asunto
con información de inteligencia compartida con las autoridades mexicanas desde
hace años y que parcialmente se obtuvo a través de testigos protegidos. A estos
hechos hay que añadir el informe reciente del Departamento de Estado (DE) (“2011 Country reports on human rights
practices”, que por tercer año consecutivo se presenta) y que da
cuenta de violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y de la
Marina durante el sexenio, que, en todo caso, cuestiona duramente el papel que
éstas han jugado como los principales aliados del presidente Calderón en su cruzada
en contra del crimen organizado y de las que en gran medida ha dependido la
legitimidad de su estrategia.
Está por verse si se trata de un ajuste de
cuentas de Calderón y de un sector del ejército en contra de estos oficiales del
ejército con los que podrían haber rivalizado, y de cuáles son las verdaderas responsabilidades
criminales de los aludidos. Lo que es pertinente destacar aquí, es el
involucramiento de Washington en un tema de alto rango para la seguridad
nacional y en pleno proceso electoral mexicano. Yarrington ya es buscado por la
justicia de ambas naciones y su paradero es desconocido. En este caso, las
señales parecen ser claras: EU no tolerará un gobierno de Peña Nieto en el que
imperen la corrupción del viejo o el nuevo PRI si es que existe, no se diga la
negociación con los carteles. Se trata entonces de una advertencia al PRI en
particular, pero en general a toda la clase política, de que un regreso al
pasado de prácticas corruptas extendidas y hasta hoy no erradicadas por este
gobierno, complicaría las cosas e inhabilitaría a Obama en caso de ser reelecto
para continuar con los lazos de cooperación que para bien o para mal se han
logrado afianzar en este sexenio. Además, se implica que esta circunstancia
impediría la colaboración bilateral entre ambos países y daría al traste con las
bases del relativo buen ambiente producido entre las partes.
Preocupa, en este contexto y de frente a las
elecciones presidenciales, que Calderón no nos ofrezca en su fin de ciclo, un
clima estable ni respecto al tema mismo de la lucha anticrimen, ni sobre las
ramificaciones que esta tiene en la relación con EU. Los hechos descritos parecieran
golpes directos de sectores destacados del establecimiento estadunidense a la
estrategia del gobierno y a los enormes equívocos que la misma encierra. El informe
del DE da cuenta de esto cuando expresa su preocupación sobre la violación de
los derechos humanos y el impacto negativo que esto tiene sobre la credibilidad
(en y fuera de EU) de Calderón. No se diga el pendiente respecto a la corrupción
y el trasiego del dinero negro (se han cumplido en un 23% los compromisos de la
Convención de Mérida y 46% los de la Convención de Palermo contra lavado de
dinero).
Ya hemos argumentado en este espacio acerca
de la gran exposición a la soberanía que la unilateral precipitación
militarista de Calderón supuso en la relación con EU. Una evidencia ya conocida
aunque hoy reaparecida son los movimientos de la DEA y del DE frente a la
fehaciente inhabilidad del Estado mexicano para controlar el grave
desbordamiento que su estrategia ha supuesto y supondrá, de seguir siendo
fallida; todo lo cual, EU ve con desagrado toda vez que impacta directamente su
propia seguridad. Grave. Más aún porque significa el cuestionamiento directo de
Obama a Calderón y, quizás, más que intervencionismo, se trate sobre todo de un
deslinde definitivo del gobierno mexicano.
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