José Luis Valdés Ugalde 02/11/2014
México sufre la peor crisis social y política desde la Revolución. Se trata de un proceso de gradual descomposición nacional: el país, además, sufre el maltrato impune de sus clases dirigentes desde hace 50 años o más. Desde la liberalización económica de los noventa, el país no crece a un ritmo que empalme con índices de justicia social que mejoren la distribución de la riqueza entre sus ciudadanos y subsane las enormes desigualdades de un país con la mitad o más de su población pobre y en el que no acaba de cuajar la consolidación de una clase media robusta que junto al anterior sector coadyuve a que se reactive el mercado interno y se dinamice la economía. La clase alta, incluido el hombre más rico del mundo, ensombrecen a lado de millonarios filántropos, encabezados por Bill Gates, que han invertido en el curso de su vida más de mil millones de dólares a nivel global en proyectos educativos, sociales y de salud pública, incluida la lucha contra el ébola. En la lista de los diez mayores filántropos de Forbes no aparece ningún millonario mexicano. Su apoyo a causas mexicanas similares es proporcional al que prestan a nivel internacional.
Desde la reforma política de 1977, que se intentó paliar las consecuencias de la represión social de los sesenta y setenta, y de hacer efectivos los preceptos constitucionales de inclusión, incumplidos hasta entonces, ha sufrido modificaciones varias (creación de instituciones ad hoc, pero insuficientemente eficaces que absorben una fortuna del arca pública). En su conjunto, el sistema mexicano es un sistema desestructurado. Esto se debe, en mi opinión, al hecho de que la Constitución ha sido violada sistemáticamente por la clase política; a que las instituciones del Estado son bisoñas, antidemocráticas y sin proyecto estratégico, sistemáticamente disfuncionales, en muchos casos corruptas; a que las instituciones como el IFE, ahora INE, por más buenas intenciones que tengan, abandonan su compromiso con el interés público debido al secuestro de la clase política, en forma por demás inexplicable y antitética. Al día de hoy son incluso estas mismas instituciones, muy honrosas en su primer ciclo, las que provocan también una desconfianza social generalizada y peligrosa desde hace más una década. Se agrega la descomposición partidista. Los partidos políticos son entidades de interés público obligados a cumplir con éste por encima del particular. Lo han traicionado. Basta revisar los salarios de sus dirigentes, coordinadores de bancada y de comisiones del Legislativo, para entender la desproporción entre las profundas necesidades de la democracia mexicana y el incumplimiento despilfarrador, que a costa de la cuenta pública, se ejerce en contra de los mexicanos por esta voraz clase política. Ante esto, la subestimación estatal de la crisis social nos ha sumido en el averno y desgobierno. Y el peligro ya nos alcanzó. La sociedad mexicana vive con pavor, un estado de sitio irresuelto por la ineficacia estatal, por la traición partidista y por el hecho de que las múltiples células cancerosas del crimen organizado, que hoy ya vemos claramente coludido con los partidos, ha penetrado al Estado a grado tal que la descompostura de la República entera requiere de un verdadero overhaul; pasando por una profunda reflexión nacional que coadyuve al concurso del conjunto de las partes aún sanas del Estado y de los muchos sectores de la sociedad civil (SC) que sufren en carne propia el agravio de esta grave disfuncionalidad.
Ante el último y quizás el más bochornoso de los sucesos nacionales, el de Iguala, como casi ningún otro, demuestra que la descompostura mexicana nos puede estar llevando a las puertas mismas del infierno, con todas las implicaciones regresivas para el país. El empresariado europeo y la clase política de los países de la UE, ven con preocupación cómo se podrán reconciliar sus intereses en el país con la pasividad y cuasi parálisis estatal frente a la descomposición social que están poniendo en cuestión la viabilidad del sistema político mexicano y el futuro nacional. Si en México todavía pudiéramos reunir en un sólo ejercicio la rectitud y la lucidez, lejos de la demagogia y la imposición de los intereses particulares, se podría salvar esta trágica etapa que confronta México. Hoy más que nunca la participación de la sociedad civil será imprescindible para lograrlo; no obstante, estoy convencido de que es sólo el Estado el último responsable de poner en orden el caos. La tercera ley de Newton me motiva a plantearlo así, las partes del Estado están relacionadas una con la otra, como las partes del universo: eternamente vinculadas juntas a través de las acciones de algunos y las reacciones de otros. ¿Será que no hay nadie suficientemente lúcido al interior del aparto político que pueda pensar en forma constructiva nuestro futuro? Si de plano no pueden reorganizar el sano destino del país tendrán que irse irremediablemente. La República entera empieza a exigirlo.
*Investigador y profesor visitante en el Lateinamerika–Institut, de la Freie Universität Berlin
México sufre la peor crisis social y política desde la Revolución. Se trata de un proceso de gradual descomposición nacional: el país, además, sufre el maltrato impune de sus clases dirigentes desde hace 50 años o más. Desde la liberalización económica de los noventa, el país no crece a un ritmo que empalme con índices de justicia social que mejoren la distribución de la riqueza entre sus ciudadanos y subsane las enormes desigualdades de un país con la mitad o más de su población pobre y en el que no acaba de cuajar la consolidación de una clase media robusta que junto al anterior sector coadyuve a que se reactive el mercado interno y se dinamice la economía. La clase alta, incluido el hombre más rico del mundo, ensombrecen a lado de millonarios filántropos, encabezados por Bill Gates, que han invertido en el curso de su vida más de mil millones de dólares a nivel global en proyectos educativos, sociales y de salud pública, incluida la lucha contra el ébola. En la lista de los diez mayores filántropos de Forbes no aparece ningún millonario mexicano. Su apoyo a causas mexicanas similares es proporcional al que prestan a nivel internacional.
Desde la reforma política de 1977, que se intentó paliar las consecuencias de la represión social de los sesenta y setenta, y de hacer efectivos los preceptos constitucionales de inclusión, incumplidos hasta entonces, ha sufrido modificaciones varias (creación de instituciones ad hoc, pero insuficientemente eficaces que absorben una fortuna del arca pública). En su conjunto, el sistema mexicano es un sistema desestructurado. Esto se debe, en mi opinión, al hecho de que la Constitución ha sido violada sistemáticamente por la clase política; a que las instituciones del Estado son bisoñas, antidemocráticas y sin proyecto estratégico, sistemáticamente disfuncionales, en muchos casos corruptas; a que las instituciones como el IFE, ahora INE, por más buenas intenciones que tengan, abandonan su compromiso con el interés público debido al secuestro de la clase política, en forma por demás inexplicable y antitética. Al día de hoy son incluso estas mismas instituciones, muy honrosas en su primer ciclo, las que provocan también una desconfianza social generalizada y peligrosa desde hace más una década. Se agrega la descomposición partidista. Los partidos políticos son entidades de interés público obligados a cumplir con éste por encima del particular. Lo han traicionado. Basta revisar los salarios de sus dirigentes, coordinadores de bancada y de comisiones del Legislativo, para entender la desproporción entre las profundas necesidades de la democracia mexicana y el incumplimiento despilfarrador, que a costa de la cuenta pública, se ejerce en contra de los mexicanos por esta voraz clase política. Ante esto, la subestimación estatal de la crisis social nos ha sumido en el averno y desgobierno. Y el peligro ya nos alcanzó. La sociedad mexicana vive con pavor, un estado de sitio irresuelto por la ineficacia estatal, por la traición partidista y por el hecho de que las múltiples células cancerosas del crimen organizado, que hoy ya vemos claramente coludido con los partidos, ha penetrado al Estado a grado tal que la descompostura de la República entera requiere de un verdadero overhaul; pasando por una profunda reflexión nacional que coadyuve al concurso del conjunto de las partes aún sanas del Estado y de los muchos sectores de la sociedad civil (SC) que sufren en carne propia el agravio de esta grave disfuncionalidad.
Ante el último y quizás el más bochornoso de los sucesos nacionales, el de Iguala, como casi ningún otro, demuestra que la descompostura mexicana nos puede estar llevando a las puertas mismas del infierno, con todas las implicaciones regresivas para el país. El empresariado europeo y la clase política de los países de la UE, ven con preocupación cómo se podrán reconciliar sus intereses en el país con la pasividad y cuasi parálisis estatal frente a la descomposición social que están poniendo en cuestión la viabilidad del sistema político mexicano y el futuro nacional. Si en México todavía pudiéramos reunir en un sólo ejercicio la rectitud y la lucidez, lejos de la demagogia y la imposición de los intereses particulares, se podría salvar esta trágica etapa que confronta México. Hoy más que nunca la participación de la sociedad civil será imprescindible para lograrlo; no obstante, estoy convencido de que es sólo el Estado el último responsable de poner en orden el caos. La tercera ley de Newton me motiva a plantearlo así, las partes del Estado están relacionadas una con la otra, como las partes del universo: eternamente vinculadas juntas a través de las acciones de algunos y las reacciones de otros. ¿Será que no hay nadie suficientemente lúcido al interior del aparto político que pueda pensar en forma constructiva nuestro futuro? Si de plano no pueden reorganizar el sano destino del país tendrán que irse irremediablemente. La República entera empieza a exigirlo.
*Investigador y profesor visitante en el Lateinamerika–Institut, de la Freie Universität Berlin
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