Capitulación

Después de la entrega a Donald Trump de la plaza fronteriza y migratoria, y la educativa a la CNTE, AMLO, entrega ahora otra plaza, pero al liderazgo del narco en Culiacán. Esto es lo que indica la evidencia palpable de los desafortunados acontecimientos, resultantes del operativo fallido en Culiacán. El presidente abandonó el Estado o el Estado se aleja cada vez más de él. Lo que percibimos muchos, sin embargo, es que AMLO metió al Estado al cajón de sastre y a estas alturas no está nada claro si podrá volver a sacarlo y hacer uso de él como dios manda.

El Estado es una entidad muy sensible para el funcionamiento efectivo o no de la democracia. Y si no se sabe conducir se puede revertir, tanto en su fuerza intrínseca, como en lo que resulte de los vacíos que se dejan cuando se le abandona. Ese fue el caso de Culiacán. El desparpajo demostrado en el operativo en contra de Ovidio Guzmán, cachorro del Chapo, es evidencia de dos cosas: una total y profunda desorganización en uno de los temas vitales del Estado mexicano. O un olímpico valemadrismo de AMLO y su gabinete de seguridad. A estas alturas, creemos que, dado su probado profesionalismo, la sola excepción son las fuerzas armadas, cuyos titulares parecen no caber en su indignación por haber sido humillados como consecuencia de la irresponsabilidad del presidente y sus principales allegados en este rubro. En todo caso, nunca se había puesto en evidencia en forma tan gráfica, el grado de penetración del crimen organizado en el seno mismo del Estado mexicano. Las imágenes lo dicen todo: los capos pavoneándose a sus anchas en un puesto militar sitiado por ellos y un puñado de sicarios, saludando de mano a los soldados y encajándose sus cascos reglamentarios en la cabeza. ¿Qué más nos falta por ver en este país de despropósitos gubernamentales?

Lo que está discusión aquí, es la medida en que el presidente se puede apropiar de un bien que es tan global, como común. La seguridad es un bien que le pertenece a la gente y no tiene porqué quedar a expensas del capricho del presidente, que ahora también lo quiere someter voluntariosamente, tal y como lo ha hecho con la educación, la salud, el medio ambiente, la seguridad energética, por mencionar sólo algunos de los bienes globales pertenecientes a la sociedad. Asistimos, pues, a una paradoja: el Estado tiene el poder de defender, así como de atentar contra la seguridad de su gente. Esto es lo que se llama “el dilema de la seguridad” y que AMLO está sorteando en forma deficiente y poniendo en peligro, en el corto plazo, la seguridad pública y la seguridad nacional. Al menos en este rubro, el Estado mexicano, al desatender el control territorial y renunciar a preservar la integridad de sus fuerzas armadas, falló en sus deberes fundamentales e hizo que los mexicanos perdiéramos soberanía existencial como sociedad y como nación. Aunque aún no es un Estado fallido, el mexicano sí es un Estado fallando.

No obviemos lo central de este grave acontecimiento. El precedente sentado por AMLO, no sólo puso en serio peligro la seguridad pública, sino que también puso en peligro su presidencia y la integridad y cohesión de su gabinete de seguridad. La legalidad de la liberación de Guzmán está en entredicho al haber dado la orden de soltarlo cuando éste ya estaba detenido o localizado. De acuerdo al título cuarto del Código Penal Federal, “Delitos contra la Seguridad Pública”, en su capítulo 1, “Evasión de presos”, en su artículo 150, dice, a la letra: “Se aplicaran de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido estuviese inculpado por delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión o bien, en tratándose de la evasión de un condenado se aumentarán hasta 20 años. Si quien propicie la evasión fuese servidor público se incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años” Si como sabemos, Ovidio Guzmán, tenía orden de aprehensión y, peor aún si también tuviera solicitud de extradición de EU, estamos ante una violación flagrante de este precepto legal y frente al cual toda la cadena de mando del gabinete de seguridad estaría implicada. ¿Será esa la razón por lo que los implicados se están echando la bolita, sin que tengamos claro si el presidente dio o no la orden? Gravísimo.