En los dos períodos de la 4T desde 2018, el gobierno ha obedecido a Trump. La de AMLO fue un obediencia agresiva pasiva, la de Sheinbaum es una obediencia que busca su sobrevivencia frente a Washington y las fuerzas centrífugas que están instaladas en el lodazal en que habita Morena y desde donde emergen las presiones a la presidenta sobre todo de su segmento más obradorista y radical anti gringo. Entre la cerrazón del gobierno para negociar astutamente con el gobierno de Trump los términos de la transición hacia el combate frontal a los carteles y las dogmáticas presiones de los sectores extremistas dentro del gobierno, es que la presidenta se encuentra atrapada y a estas alturas con un margen de maniobra para operar muy reducido y del cual no se percatan ella y sus asesores más centrados y confiables. O, si lo hacen, permiten que sus políticas y reacciones más que respuestas y políticas sean las que son con todos los riesgos de reacción violenta que Trump pueda tener.
Se trata del fracaso rotundo de una política exterior hacia Estados Unidos que se suma al fracaso completo de toda una política exterior que en vez de ser de Estado es de banqueta y esencialmente reactiva. El gobierno parece no medir con la seriedad necesaria la gravedad de los acontecimientos y las declaraciones antimexicanas en el seno del poder en Washington. Recientemente se reunió, en una “cumbre” en el Capitolio de esa ciudad capital, la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC, una de las organizaciones más reaccionaria de Estados Unidos y fuertemente vinculada al movimiento trumpista y el tema fue el narcoterrorismo en México. El tono de los pronunciamientos fue por demás altisonante concluyendo que en México se está instalando un narco estado, todo lo cual puede ser debatible, pero es altamente significativo por tratarse de una coalición estrechamente ligada al gobierno y a la ideología trumpiana. Y hasta el momento no hemos escuchado una sola palabra del oficialismo en respuesta a este pronunciamiento y a las constantes acusaciones del propio Trump en el sentido de que a México lo gobiernan los cárteles de la droga y no la presidenta Sheinbaum. Los políticos de la talla de Adán Augusto López, Muñoz Rocha, Américo Villarreal y demás presumibles protectores de los grupos del crimen organizado desde las cumbres del poder público, siguen impasibles e intocables, cuando se está exigiendo desde la opinión pública estadunidense y mexicana, la entrega y procesamiento de tales personajes a fin de disminuir la presión de Washington y atacar de raíz a los criminales corruptos de cuello blanco para desarticular a las organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación principalmente. La presidenta responde a esto con lugares comunes del nacionalismo más rancio y no con acciones sustanciales, de Estado, que aborden las causas de la violencia criminal de los cárteles, que en el fondo el Estado solapa desde la inacción referida. En todo caso, la soberanía nacional ya ha sido vulnerada desde el sexenio pasado por la muy conocida corrupción que invade al gobierno. Nadie más responsable de la violación a la soberanía que el gobierno que dice protegerla del terrible cíclope gringo que todo lo devora. Siempre ha sido una falacia la retórica soberanista del Estado mexicano y hoy con la 4T lo es más, dada su notoria hipocresía y falsedad. El enemigo de la política exterior soberana está adentro del aparato estatal y lo está devorando a una gran velocidad. Se trata de un asunto de seguridad nacional que no ha sido tratado con la responsabilidad que obligan los hechos, muchos de estos propiciados por una irresponsable permisividad que fue explícita en el sexenio de AMLO y que ha copado al gobierno actual que está atrapado entre concederle razones a sus críticos (y a Trump) y/o romper con López Obrador al actuar en contra de los mercenarios en el gobierno que a su vez están al servicio de las mafias y que son socios y aliados del expresidente. Actuar en consecuencia sí que sería una verdadera política soberana de defensa del interés nacional que tendría el reconocimiento de propios y extraños.
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