El trumpismo se le adelantó al obradorismo. Con la acusación del fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y su petición de detención y extradición a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya y nueve allegados más, incluido un senador y el alcalde de Culiacán, EU le deja a la presidenta Claudia Sheinbaum, una bomba de tiempo de graves consecuencias y de muy difícil resolución. La demanda del fiscal Clayton que es acompañada por la DEA, enumera una lista exhaustiva de cargos contra el gobernador, pero en sustancia, lo acusa de una asociación delictiva con los chapitos del cartel de Sinaloa a quienes Rocha Moya protegió para que actuaran a sus anchas en el estado y a cambio recibió dinero y protección del cartel de Sinaloa, incluido el hecho de que, en las elecciones de 2021, Rocha Moya fuera impuesto por el cártel. Rocha Moya es uno de los gobernadores consentidos del obradorato (a partir del viernes con licencia temporal) y ha sido protegido por AMLO y por el partido Morena desde que se iniciaron las sospechas de que Rocha era un narcopolítico.
Las acusaciones de la fiscalía neoyorquina desvelan hechos graves que hace años ya se conocían en México. Ahora bien, el gobierno mexicano ha respondido erráticamente al aplicar el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. El primer error de la FGR y Cancillería ha sido exigir “pruebas” al fiscal y a insistir públicamente en que las peticiones de extradición sólo procederán si se ajustan a los estándares legales mexicanos. Todo esto es violatorio del Tratado de Extradición ya mencionado. El artículo 11 del Tratado establece que una orden de detención provisional no requiere de pruebas, las cuales tendrían que ir siendo aportadas dentro de los 60 días de plazo que el Tratado establece para que estas se produzcan. Por lo tanto, las acusaciones pueden proceder sin que el requisito de las evidencias que Sheinbaum reclama sea producido. La errática respuesta del gobierno federal se entiende más bien como un intento de ganar tiempo antes de que el plazo de 60 días se cumpla. Se trata de una táctica desesperada de dilación bajo las órdenes de la presidenta. Con esto la Cancillería está exponiendo al gobierno y al país a una crisis mayor frente a la agresiva solicitud de la fiscalía de Trump, que no está interesada en guardar las formas diplomáticas frente a la narrativa soberanista con la cual Sheinbaum se ha escudado cada vez que hay una mención de EU de la condición criminal de lo que Washington claramente denomina como un narcogobierno. Acusación suficientemente grave como para jugar con ella como el gobierno federal lo ha hecho. El gobierno está paralizado ante lo que parece un chantaje virtual de Rocha Moya, quien estaría amenazando al gobierno de denunciar todos los lazos políticos y financieros de Morena con el cártel de Sinaloa, incluido el señalamiento en las más altas esferas (AMLO) del poder político. La presidenta está ante un drama Shakespeariano: protege a Rocha Moya y por añadidura a sus nueve cómplices y lo exime de responsabilidad criminal en la investigación que ahora se le estaría haciendo dada su petición de licencia temporal aprobada por el congreso estatal, es decir, se rechaza la solicitud de extradición que EU hizo, quedando mal con Trump, pero bien con el sector más duro de Morena, o bien, acepta la detención provisional y eventual extradición del gobernador, quedando bien con Trump y con ello pavimenta el camino que conduce a la aprobación del TMEC, entre otros beneficios para la relación bilateral, que está bastante lastimada desde hace un año.
En todo caso, la fricción diplomática ya se ha convertido en una crisis de Estado. La probable detención y extradición de Rocha Moya, abre la puerta a otras detenciones de la misma envergadura sentando un precedente jurídico y político. Morena está en el banquillo de los acusados y todo puede muy bien apuntar a una decapitación de ese partido en la medida en que se acumulen delaciones de otros narcopolíticos que ya han sido mencionados en diversos medios y ocasiones. Las acciones del trumpismo han destapado la poderosa capa de ocultamiento de secretos de Estado que podrían representar la prueba de la descomposición brutal que el sistema político mexicano ha vivido en los últimos ocho años de obradorismo.
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